Tras cuatro horas de negociación, sindicatos y empresarios han acordado las condiciones para extender hasta el próximo mes de junio los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que cubren a 3,3 millones de trabajadores desde el pasado mes de marzo. El Gobierno ha calificado el acuerdo como histórico y equilibrado.
El acuerdo ha salido adelante a pesar del debate abierto en el seno de las organizaciones empresariales sobre las salvaguardas del empleo, las cláusulas que establecen un periodo de seis meses en las que los despidos son considerados improcedentes a pesar de la situación económica. Como compensación a este bloqueo a los despidos objetivos, las empresas disponen de un esquema de exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social hasta el mes de junio que favorece a aquéllas que se vayan incorporando a la actividad.
El Gobierno estudiaba desde ya esta mañana en el Consejo de Ministros el acuerdo producido a última hora de ayer entre empresarios y sindicatos para extender sobre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) producidos desde el pasado 16 de marzo. Finalmente, tiene previsto aprobarlo el martes de la próxima semana
El pacto ha tenido precisamente en las cláusulas de protección del empleo su escollo más difícil y los debates han sido especialmente intensos en el seno empresarial. Las patronales CEOE y Cepyme, como los sindicatos UGT y CCOO han ratificado en sus órganos de decisión estos acuerdos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz ha agradecido a los presidentes de todas las organizaciones su esfuerzo por alcanzar el acuerdo.
La razón de la urgencia por aprobar la extensión de los ERTE es que la mayor parte de esos 3,3 millones de empleos suspendidos cuelga jurídicamente de la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria que ya ha sido prorrogado en varias ocasiones, cada vez con menos apoyo en el Congreso.
El decaimiento del estado de alarma hubiera obligado a traducir esos ERTE por fuerza mayor en ERTE por razones económicas, dejando a empresas y trabajadores expuestos a la situación económica, que se ha desplomado. En esa tesitura, las empresas tendrían que recurrir a despidos masivos para sobrevivir.
El nuevo acuerdo divide los actuales ERTE por fuerza mayor en dos categorías: por fuerza mayor total y por fuerza mayor parcial. La idea es que las empresas que abandonen la protección de la fuerza mayor total entre mayo y junio tengan mayores incentivos desde el punto de vista de la exoneración de cuotas, entre el 45% y el 85% en función del tamaño de la empresa. Las que queden bajo fuerza mayor total se verían beneficiadas de reducciones entre el 30% y el 60%.
Las negociaciones han sido largas porque los empresarios se negaban a admitir en las circunstancias del nuevo periodo una cláusula que bloqueara su capacidad para terminar contratos. Han defendido la conversión automática de los ERTE por fuerza mayor en los que ya establece la legislación, comprometiéndose a recuperar el empleo a medida que la economía se ponga en pie. Como alternativa, han negociado la prórroga del esquema actual,que establece exenciones por el pago de cotizaciones de los trabajadores suspendidos, hasta que la economía se recupere.
Por su parte, los sindicatos han presionado para que se mantenga activa la cláusula que penaliza los despidos declarándolos improcedentes en lugar de objetivos por causas económicas. La diferencia entre ambas categorías es sustancial en términos de indemnizaciones ya que el primero de los casos fija una cuantía de 20 días por año trabajado y la segunda 33.
Los costes para el Estado por sostener el mercado laboral y evitar despidos masivos son elevados. En abril, las nóminas por desempleo del Ministerio de Trabajo se han más que duplicado hasta alcanzar 5,2 millones de beneficiarios con un desembolso de 4.500 millones de euros. En total, el Gobierno estima que el coste de los ERTE a lo largo de toda la crisis ascienda a 18.000 millones de euros con un total de cuatro millones de afectados, según informó a la Comisión Europea en su Plan de Estabilidad. Entre personas en paro y afectadas por ERTE, el volumen de trabajadores en esta situación alcanzará el 35% de la población activa, según el servicio de estudios de la fundación de las cajas de ahorro, Funcas.
En un sentido más amplio, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha detallado además que más de 1,2 millones de autónomos han cobrado hasta la fecha la prestación por cese de actividad y un total de 442.000 autónomos y pymes se han acogido a la posibilidad de aplazar el pago de hasta 30.000 euros durante seis meses, por un importe de 2.440 millones de euros aplazados.
Fuente: https://www.elmundo.es/economia/2020/05/08/5eb50a4dfc6c83866f8b4621.html