A Yolanda Díaz le repelen los empresarios, aunque no es la única con esa fobia en el Ministerio de Trabajo. El departamento gubernamental sobre el que recae la supervisión del mercado laboral está tomado por un ejército de comunistas confesos que consideran un motivo de celebración que cada vez haya más ciudadanos dependientes del Estado. La estrategia de los aspirantes a peronizar España es clara: despojarán a los ciudadanos de cualquier capacidad para crear riqueza con el objetivo de convertirlos en obsecuentes mantenidos.
Esa es la razón de la euforia del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, al jactarse del «récord histórico» en el número prestaciones por desempleo. En pleno éxtasis, el segundo de Díaz no cabía en sí de la satisfacción que le producía anunciar que en abril se estaban pagando la friolera de 5.197.151 subsidios. Sin vergüenza, Pérez Rey presumía de un mercado laboral devastado y con unos niveles de desempleo que han roto todas las barreras imaginables. Este sujeto indeseable, que ha llegado a calificar a los empresarios como «apisonadoras de derechos», ya ni se molesta en disimular que considera el empobrecimiento de la población la mejor de las noticias.
Atrás quedaron los intentos del Gobierno social-comunista de Sánchez de devolver el poder perdido a la mafia sindical o de fulminar la reforma laboral de 2012, con diferencia lo mejor que hizo el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Ahora, con la excusa perfecta del coronavirus, quieren ir más allá, destruyendo por completo la estructura productiva del país. Y los nefastos datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social de abril les despejan el camino.
Nunca ese mes –tradicionalmente bueno para el empleo por los contratos de Semana Santa– había terminado con el catastrófico resultado de 282.891 parados más que en marzo. Esta cifra multiplica por 7 la de abril de 2009, que era hasta ahora la peor, cuando el estallido de la burbuja inmobiliaria estaba arrasando la economía nacional. Por el lado de la afiliación a la Seguridad Social, también la sangría de cotizantes ha retrocedido a niveles del fatídico 2009, con una caída de 548.093 ocupados respecto a marzo. Si se analizan los estragos de la pandemia del coronavirus desde la declaración del estado alarma del 14 de marzo hasta finales de abril, los resultados son estremecedores: 947.896 cotizantes menos y 600.000 desempleados más.
El número total de parados en España se ha disparado hasta los 3.831.203; pero se trata de una intoxicación más del Gobierno. El corruptor blanqueamiento estadístico de Yolanda Díaz y sus secuaces ha sacado a los afectados por un ERTE de la categoría de parados y los ha escondido en una contabilidad paralela. Según los propios datos del Ejecutivo socialista, ya hay 3.386.785 personas afectadas por un ERTE, el 24,25% del total de afiliados en el Régimen General. Por tanto, si se suma esa cifra a los 3,8 millones de parados, resulta que en abril más de 7 millones de españoles estuvieron sin trabajar y cobrando una prestación. Si se añaden los más de 1,2 millones de autónomos que han tenido que echar el cierre a sus negocios, a los que también se les ha asignado un subsidio, el resultado son más de 8 millones de personas inactivas.
¿Pero el Gobierno no alardeaba del récord de más de 5 millones de subsidios? Entonces, ¿hay gente que se queda fuera? La respuesta es sí, y por eso ahora se están sacando de la manga la renta mínima.
Esta es la realidad del ominoso, liberticida, corruptor asistencialismo gubernamental, que no es ni será capaz de sostener a toda la población. La única forma de proteger a la ciudadanía es permitirle labrarse un futuro, reabrir la economía y posibilitar que las empresas puedan desplegar sus energías. Sólo así se conseguiría no hundir España en la miseria. Pero los comunistas bolivarianos empotrados en el Ejecutivo tienen otros planes…