Libertad Digital ha tenido acceso a algunos de los miles de certificados de defunción de esos enfermos de coronavirus a los que el Ministerio de Sanidad no les hizo el test de diagnóstico. Estas personas, además de morir sin el consuelo de sus familiares, han desaparecido de las cifras oficiales que cada día nos relatan Fernando Simón y su comité de expertos. En Cataluña, por ejemplo, cuyo gobierno ha empezado a contemplarlas en los informes oficiales, multiplican por dos los números oficiales.
Como se puede ver en las imágenes que acompañan a esta noticia, el médico que certifica la muerte rellena varias líneas: «causa inmediata de la muerte», «causas intermedias» y la «causa inicial o fundamental». Es en este último apartado donde habitualmente se refleja el «posible o probable coronavirus» o la «sospecha de infección por covid-19«, porque ni para esto hay un criterio lingüístico claro. Por tanto, en un mismo legajo se puede leer que el fallecido sufrió «infección viral inespecífica», «parada cardiorrespiratoria», «insuficiencia respiratoria o neumonía», «neumonía bilateral grave» o «hipertensión arterial», además del coronavirus. Hay un ejemplo en los documentos que publicamos, el más caótico, que refleja: «insuficiencia respiratoria, infección viral inespecífica probable covid-19, neoplasia prostática e insuficiencia cardiaca».
Una situación aberrante y surrealista que pasa en España porque es de los pocos países desarrollados que ni hizo ni hace test masivos a su población, a la enferma y a la supuestamente sana. Alemania empezó a realizar test indiscriminados a finales de enero. Nos reconoce un empleado de un Registro Civil: «La verdad es que si yo tuviese que poner la causa no sabría qué poner, no lo podemos poner con certeza puesto que no lo sabemos». Recordemos que hablamos de documentos oficiales que deberían estar sometidos a un método científico de clasificación. Es lamentable que los médicos, atados de pies y manos, hayan tenido que ir más allá de lo que requiere su deontología con opiniones como «sospecha» o «posible» porque no han podido confirmar clínicamente la covid-19 de sus pacientes cuando sabían a ciencia cierta que sí la tenían.
Para mitigar las críticas al Gobierno por ocultar la mortalidad real de la pandemia, el Ministerio de Justicia puso en marcha a primeros de abril —ha tardado un mes en reaccionar— una plataforma online llamada «Forma» para que los trabajadores de Registros Civiles y Juzgados de Paz remitan cada día antes de las 13:00 horas el número de licencias de enterramiento expedidas el día anterior, así como el lugar del fallecimiento: residencia, hospital o domicilio. Lo deben hacer empezando por el 14 de marzo, día en el que se declaró el estado de alarma, con la saturación que ya tienen. En cualquier caso, no se les pide ningún dato sobre la causa de la muerte. Nada. El objetivo, dijo el Ministerio que dirige Juan Carlos Campo, era ofrecer una «información veraz, contrastada y lo más objetiva posible». Parte de lo que publicará el Ministerio ya se conoce gracias al sistema MoMo.
Una vez tramitada la licencia de enterramiento, una copia del certificado médico de defunción, como los que aporta Libertad Digital, va a los Tribunales de Justicia de cada Comunidad Autónoma, y otra al Instituto Nacional de Estadística que hasta diciembre no publicará tablas definitivas de mortalidad y causas de la muerte. Ya veremos cómo interpreta el INE a los «sospechosos», otra incertidumbre más consecuencia de la incapacidad de un gobierno sobrepasado por la crisis sanitaria y económica.
Varios Tribunales Superiores están poniendo remedio a esta situación. En Castilla y León los registros civiles tienen la orden de cuantificar todas las muertes «probables» como coronavirus confirmado. El resultado es que en algunas regiones la cifra final de decesos triplica a la que da el gobierno de Pedro Sánchez. Como ya contamos, según el INE en marzo del año pasado murieron por gripe (incluye gripe aviar y gripe A) 625 personas y por neumonía 1.114. Según el Ministerio de Sanidad a 31 de marzo habían muerto de coronavirus confirmado con test, los pacientes ingresados en hospitales y no todos, 8.189 personas. Las asociaciones funerarias calculan un aumento de por lo menos el 30% respecto al mismo periodo del año anterior (enero-marzo), «del total de 100 casos el 37% han desarrollado patologías pulmonares terminales sin portar ninguna enfermedad previa», dice su último informe. Estas mismas fuentes creen que las cifras oficiales «se dejan 10.000 muertos» a día de hoy.
Otro de los datos a tener en cuenta son los fallecidos por coronavirus antes del 8 de marzo, cuando ni siquiera en los certificados de defunción los médicos concedían ese «posible». Una situación anómala, muertes por «infecciones respiratorias sin patologías previas», que los servicios funerarios de toda España empezaron a detectar los primeros días de enero.
Los datos se irán concretando en las próximas semanas, porque va a ser muy difícil ocultar un solo muerto de la pandemia. Otra cosa es que el caos de contabilidades acabe por desconectar del asunto a la opinión pública, a los españoles, que prefieran pasar página en lo que interprete como una nueva guerra de cifras. Así ha pasado en otros tantos asuntos de calado social y político que todos recordamos. Ya se sabe, el ruido al final se come las nueces y la verdad.