El Gobierno ha aprobado un plan de ayudas al alquiler que contempla movilizar entre 700 y 900 millones de euros para respaldar a las familias afectadas por la crisis del Coronavirus. Unas ayudas que, según los cálculos del Ejecutivo, pueden afectar hasta a 1 millón de familias en España.
El plan, que se articula sobre cinco pilares, hace distinciones claras entre los propietarios particulares de las viviendas y los que considera grandes tenedores, es decir, fondos, socimis e inversores que cuentan con más de 10 pisos en propiedad. Concretamente, a este último grupo se les obliga a tomar uno de estos dos caminos: aplicar una quita del 50% de la renta durante el tiempo que dura el estado de alarma y hasta un máximo de cuatro meses o aceptar una moratoria del pago de la renta durante cuatro meses. Una deuda que se les pagará sin intereses y de manera fraccionada en un periodo de hasta tres años y siempre dentro del plazo que continúe la vigencia del contrato.
«Se trata de proteger a los inquilinos y a los pequeños propietarios, y garantizar que los grandes tenedores tengan que arrimar el hombro», ya que «no es lo mismo un fondo buitre que un pequeño propietario o una pareja de jubilados», ha explicado el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias.
Cuando el casero de la vivienda sea un particular, situación que se da en aproximadamente el 85% de las viviendas de alquiler de este país, el Gobierno será el que financie a coste cero el pago de las rentas. Concretamente, el Ejecutivo ha aprobado habilitar microcréditos a través del ICO para ayudar a las familias afectadas por la crisis. La idea es que, una vez recuperadas del bache, éstas devuelvan los microcréditos en un periodo de entre seis y diez años, en función de su capacidad económica y las dificultades que atraviesen. Esta medida está pensada para personas en paro, trabajadores afectados por ERTEs o reducción de jornadas y para autónomos que vean minorados sus ingresos por el freno a la actividad económica y las restricciones a la movilidad.
Para los colectivos más vulnerables y que queden mucho más afectados por la crisis, el Gobierno tiene previsto coger los fondos del Plan Estatal de Vivienda, dotado con 400 millones de euros para los próximos dos años, para ayudar a que estas familias puedan pagar el alquiler. Estas ayudas sólo se destinarán para cubrir alquileres de hasta 900 euros al mes y 200 euros en suministros.
Medidas discriminatorias
ASIPA, las asociación que representa a los grandes propietarios inmobiliarios, como Azora, lamenta que «algunas posturas más populistas hayan introducido, para todo aquel que tenga más de 10 viviendas, el concepto de gran tenedor para discriminar injustificada y arbitrariamente este ahorro colectivo». Así, considera que es importante recordar que «el ahorro colectivo o institucional no es otra cosa que sociedades de gestión que representan a millones de ciudadanos individuales que deciden unir sus ahorros para facilitar inversiones colectivas más grandes y a más largo plazo». Esta medida «castiga, sin justificación alguna y de forma indirecta, a ahorradores privados, muchos de ellos pensionistas, y pone en riesgo el futuro del acceso a la vivienda, al atentar contra la necesaria seguridad jurídica que este ahorro colectivo necesita para financiar el 1,5 millones de vivienda social y asequible que hay que construir en España para resolver los problemas de acceso a la vivienda de jóvenes y familias».
El fondo Blackstone, que se ha convertido en el mayor propietario de viviendas en alquiler de España con unas 50.000 unidades a través de distintas sociedades y socimis como Testa, Anticipa, Fidere y Aliseda, recuerda que hace unos días «ya avanzó que prestaría especial atención a las familias vulnerables afectadas por el COVID 19 que no pudieran asumir el pago del alquiler. Ahora, trabajaremos para implementar las nuevas medidas y dar apoyo a nuestros inquilinos en situación de dificultad, para que puedan superar esta situación.»
Del mismo modo, la socimi Témpore, participada por el fondo TPG y Sareb, con una cartera de más de 2.500 pisos, asegura que «implementará las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno» y destaca que «conscientes de la gravedad de la situación económica, ya hemos aprobado medidas para flexibilizar el pago de las rentas de las familias afectadas».
Por su parte, Javier Rodríguez Heredia, presidente de Lazora, que cuenta con una cartera de más de 7.000 pisos en alquiler, apunta que «las medidas aprobadas en materia de alquiler están alineadas con la iniciativa tomada por Lazora -que fue la primera en manifestarse en este sentido– para hacer frente a esta situación extraordinaria, estableciendo una moratoria de pago a las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad sobrevenida por el Covid19″.
El directivo destaca que «el ahorro colectivo ha mostrado ser responsable y solidario, siendo el que financia y tiene que financiar a largo plazo la vivienda social y asequible en España. Por ello, rechazamos las posturas populistas y los calificativos despreciativos hacia las sociedades especializadas en el alquiler a largo plazo, ya que solo buscan sacar rédito político de esta grave crisis sanitaria».
Alejandra Mora: «La quita del 50% para grandes tenedores supone un varapalo a la seguridad jurídica que los inversores reclaman para participar en este mercado»
Asimismo, Rodríguez Heredia señala que «desde Lazora, queremos destacar la respuesta equilibrada y responsable del Gobierno y la puesta en marcha de un programa de ayuda directa que contribuye de forma real a solventar la situación de los inquilinos más vulnerables sin poner en riesgo el ahorro de este país».
Por su parte, Alejandra Mora, directora de Inversiones de Tectum, otro de los grandes propietarios de vivienda en España, que está apostando por el desarrollo de nuevos edificios para el alquiler, cree que «algunas de las medidas aprobadas hoy en el Consejo de Ministros son acertadas, si bien necesitarán seguimiento en una mesa de negociación público-privada, ya que su implementación es compleja y con toda probabilidad supondrán un mayor coste que los 700 millones de euros previstos inicialmente».
«Otras, sin embargo, como la quita del 50% para grandes tenedores, una medida que ni siquiera ha aplicado el Ayuntamiento de Barcelona en sus viviendas públicas, suponen un varapalo a la seguridad jurídica que los inversores reclaman para participar en este mercado, por lo que el desarrollo de un parque de viviendas de alquiler que responda a la demanda actual podría verse amenazado».
Colaboración público privada
Desde la recién creada Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), hacen un «llamamiento para que se abra la Mesa de Colaboración Publico Privada». «Es el momento de que la Administración hable con los propietarios y se encuentren soluciones, no solo a la situación generada a raíz del Covid-19, también para el medio y largo plazo, ya que el problema nos lo vamos a encontrar más adelante, no solo cuando dure el estado de alarma», explica Beatriz Toribio, secretaria general de Asval, que pide «dialogo y trabajar juntos con soluciones que sean consensuadas y den más estabilidad al sector«.
Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, cree que las medidas aplicada a los grandes tenedores, «impactará en su cuenta de resultados y es posible que a la postre implique nuevos ERTES en las propias compañías. Colgar la etiqueta de culpables a la parte profesional del sector es un error, y más en un momento en el que se estaba mostrando abierto a la negociación y sensible con la realidad del coronavirus». De hecho, la mayoría de las grandes firmas del sector del alquiler ya habían presentados sus propios planes de flexibilización en los cobros.
El directivo recuerda que «el sector inmobiliario y especialmente el de los alquileres, estaba sufriendo constantes cambios regulatorios estos últimos meses. Este es un nuevo cambio que además de ser difícil de entender, no ayuda a calmar un sector que necesita estabilidad. De no tenerla, a medio plazo puede implicar una fuga de oferta de alquiler hacia la compra, lo que redundaría en subidas de precio de los alquileres o, en su defecto, mitigaría las bajadas que ya se están produciendo».
Créditos, ¿la mejor herramienta?
La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) considera que la fórmula de ayuda al alquiler que ha pensado el Gobierno, los créditos ICO, «no es la herramienta más ágil para que los inquilinos puedan pagar puntualmente sus rentas de alquiler y desconocemos ahora mismo cuándo y cómo se va a garantizar que ese crédito concedido al inquilino llegue al propietario particular, que necesita esa renta con la misma urgencia que el inquilino», señala José Ramón Zurdo, director General de la compañía.
«El pago y el cobro del alquiler es algo que sucede todos los meses y este paquete de medidas que se han aprobado requiere de una tramitación y una burocracia que, en el mejor de los escenarios, puede durar meses, y mientras no se resuelven las rentas de alquiler del mes de abril que ya está aquí, o de los próximos meses de mayo o junio», advierte Zurdo.
Antonio Carroza: «Entre los inquilinos habrá una importante distinción que no dependerá de su situación económico-laboral, sino de quién sea el propietario»
«El cobro de la renta de los propietarios no puede depender del tiempo que se tarde en la concesión de los créditos a los inquilinos, además con las dudas razonables de que el importe de esos créditos no llegue a los propietarios, si son los inquilinos quienes tengan que pagar las rentas a los arrendadores», señala el directivo.
Por su parte, Antonio Carroza, Consejero Delegado de Alquiler Seguro destaca que con las medidas que ha presentado el Gobierno, «entre los inquilinos habrá una importante distinción que no dependerá de su situación económico-laboral, sino de quién sea el propietario».
«Se han establecido distinciones entre los arrendatarios que viven de alquiler en el inmueble de un particular y los que son inquilinos de un gran tenedor. Esta distinción que el Ministro de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, calificaba de lógica en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, va a producir un desplazamiento de la demanda de inquilinos hacia las viviendas de grandes tenedores», explica Carroza.
«Con esto, el Gobierno está fomentando la figura de gran tenedor. A partir de ahora el inquilino va a preferir una gran corporación porque, ante una situación excepcional y tan grave como la que vivimos, le van a ofrecer más soluciones que si el propietario es un pequeño ahorrador», destaca.
Suspensión de los desahucios
El Real Decreto-Ley contempla, además, la suspensión de todos los desahucios por impago del alquiler hasta 6 meses después del fin del estado de alarma. «Con esto, el Gobierno deja la puerta abierta a los casos de morosidad. Además, el impago previo a esta situación también se vería paralizado y no podemos dejar a estos arrendadores despojados de sus viviendas y de su derecho a la propiedad privada. El propietario se queda desprotegido y desamparado por ley», incide Carroza.
En este sentido, Ismael Kardoudi, director de Estudios y Formación de Fotocasa, explica que desde la plataforma «vemos muy positivo que el Gobierno intente paliar los desahucios por impago de alquiler, especilamente en aquella zonas tensionadas por los altos precios, aunque hay que tener en cuenta que esta medida puede hacer que se reduzca la oferta de vivienda en alquiler».
«Las nuevas propuestas que el Gobierno está poniendo en marcha (índice de precios, limitación de precios…) están 100% orientadas a los inquilinos y en ningún caso hay beneficio alguno para los propietarios. Si los propietarios ven que cada vez tienen más dificultades en el mercado del alquiler o no tienen garantías legales que les abalen, optarán por no ofertar sus viviendas en el mercado del alquiler. Habría que encontrar medidas que fueran beneficiosas tanto para propietarios como para inquilinos», destaca el directivo.