Este lunes será el primer día hábil que estará en vigor la nueva ley hipotecaria que, entre otros aspectos, obliga a las entidades a asumir los gastos de notaría, gestoría y registro, lo que permitirá a los clientes ahorrar una media de entre 500 y 1.000 euros. Sin embargo, el Banco de España ha advertido en varias ocasiones del endurecimiento de las concesiones crediticias en los perfiles de más riesgo al introducirse más garantías para el cliente en los casos de ejecuciones hipotecarias y al asumir las entidades más gastos en la formalización del préstamo.
El pasado febrero se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley Reguladora de los Contratos del Crédito Inmobiliario, más conocida como ley hipotecaria, que entró en vigor este domingo.
La ley hipotecaria, en vigor: ventajas e inconvenientes
La norma es el resultado de la transposición de una directiva comunitaria que va con casi tres años de retraso, por lo que la Comisión Europea amenazó a España con una multa de más de 100.000 euros diarios.
Entre las novedades más destacadas, el texto establece que desde ahora serán los bancos y no los clientes los que tendrán que hacerse cargo del pago de las primeras copias del notario, los gastos del registro y los de la gestoría.
El cliente abonará las segundas copias del notario y los gastos de tasación. Estos cambios, según calcula el portal iahorro.com, supondrán para el cliente un ahorro medio de entre 500 y 1.000 euros.
La norma -que también establece que la hipoteca para la primera vivienda quedará gravada con el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) que pagarán las entidades financieras– elimina las cláusulas suelo.
Otra novedad es que el banco solo podrá comenzar el procedimiento de desahucio si hay doce cuotas impagadas o el 3% del capital de la hipoteca en la primera mitad de la vida del préstamo, o bien 15 cuotas o el 7% en la segunda mitad del mismo.
Las entidades deberán volcar en la plataforma tecnológica de los notarios las condiciones que ofrezcan a los interesados para que luego los fedatarios públicos puedan informar a sus clientes de forma personalizada y detallada y sin la presencia de representantes del banco.
Los notarios deberán informar a los clientes de forma gratuita sobre las condiciones y cláusulas precisas del préstamo hipotecario que le ofrece el banco en el plazo de 10 días, realizar un test de comprensión al ciudadano y reflejar esa información en un acta notarial, también sin ningún coste.
La falta de establecimiento hasta abril de las especificaciones requeridas a la plataforma notarial a la que los bancos deben remitir telemáticamente toda la documentación de los préstamos hipotecarios, ha provocado incluso que el propio Ministerio de Justicia conceda una moratoria de un mes y medio en este aspecto o que el director general de los registros y del notariado, Pedro José Garrido Chamorro, aclare diversas cuestiones en una resolución publicada el viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La necesidad de ampliar el plazo de conexión responde a la indefinición legislativa acerca de cuáles debían ser los mejores medios telemáticos que se debían emplear, de modo que los bancos dilataron la elección de la plataforma que les conecte con los más de 2.800 notarios que hay en España, por lo que la fase de realización de las pruebas piloto en escenarios simulados correspondientes antes de proceder a la firma de contratos reales aún no está completada.
Según diversas fuentes consultadas por Europa Press, Banco Santander, CaixaBank y BBVA se interconectaron estos días a la plataforma del Consejo General del Notariado ‘Ancert’, mientras que Banco Sabadell, Bankinter, Bankia, ING, Ibercaja, Open Bank, Deutsche Bank, Caja Sur y Caixa Geral se han desmarcado conectándose a ‘Grupo BC’. A pesar de que la plataforma del Notariado se ha consolidado como la primera opción, el mercado ofrece otras posibilidades, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece la ley.
«La nueva ley hipotecaria es algo que esperábamos desde hace mucho tiempo, ya que se trata de una trasposición de una directiva europea que en realidad debía haber sido aplicada en el régimen español hace más de tres años. De repente, en muy poco tiempo, el Gobierno se ha puesto las pilas y ha exigido su aplicación en tres meses. Ha habido que hacer un esfuerzo muy importante, se nos echaba el tiempo encima», explican fuentes financieras.
Otro tema polémico ha sido el relacionado con las certificaciones que deben obtener las plantillas de las sucursales de los bancos, así como de los departamentos de riesgo o de los servicios centrales. Hace apenas dos semanas, el Banco de España reunió a las entidades y a las empresas certificadoras y formadoras para que enviaran los contenidos formativos a una plataforma que la institución monetaria habilitó para proceder a avalarlos.
Concretamente, los supervisores de las oficinas tendrán que examinarse a mediados del próximo mes de julio, para lo que han tomado como referencia los contenidos de la directiva europea o del desarrollo reglamentario de la ley, mientras que el resto de empleados tienen de margen un año para aprobar estos exámenes que certifican su idoneidad para el asesoramiento en la venta de productos hipotecarios.
A pesar de que los contenidos no están aún avalados al 100% por el Banco de España, los bancos han tenido que ajustarse para poder estar listos en tiempo. En este sentido, las fuentes consultadas estiman que previsiblemente con el resto de empleados que cuentan con un año para examinarse se irá a mayor velocidad, ya que tendrán claros cuáles son los contenidos avalados.