Los ‘viernes electorales’ de Sánchez intentan captar a 14 millones de votantes

El Gobierno de Pedro Sánchez firmó ayer un nuevo capítulo de sus viernes electorales con la convocatoria de la mayor oferta de empleo público en más de una década. De esta manera, el Ejecutivo da continuidad a las medidas «sociales» que ha aprobado casi desde el mismo momento en el que llegó al poder, un proceso que ha acelerado desde la convocatoria de las elecciones y con el que otorga beneficios a 14 millones de votos, más un tercio del censo electoral que elabora el Instituto Nacional de Estadísitica (INE).

FUNCIONARIOS: 2,5 MILLONES

La oferta de empleo público para la Administración General del Estado (AGE) en 2019 alcanzará 33.793 plazas, y permitirá la creación de empleo neto. Superará la ya importante de 2018 y será, sin duda, uno de los principales argumentos electorales de Sánchez. La baza se completa con un incremento salarial pactado previamente que el Ejecutivo ha asumido como propio y que será de, al menos, un 2,25%. A ello se suma un variable de medio punto formado por un 0,25% ligado al crecimiento, y otro 0,25% que depende de los fondos estructurales. La primera parte, según CSIF, debe ser abonada porque el PIB creció un 2,6% en 2018 y el objetivo era un 2,5%, mientras que la segunda se está negociando, según fuentes sindicales. Si el Ejecutivo cede, la mejora salarial alcanzará el 2,75%.

PENSIONISTAS: 8,8 MILLONES

Desde la llegada de Sánchez al Gobierno, los pensionistas han sido candidatos a grandes beneficiarios de medidas electorales.

La situación financiera de la Seguridad Social es preocupante. Pero Sánchez no ha dudado: 2019 era el año en el que los casi nueve millones de votantes que perciben una prestación verían recompensados cuatro años de sacrificios. Se sabía desde que en abril de 2018 Cristóbal Montoro pactó con el PNV y Ciudadanos romper con las actualizaciones del 0,25% y aplicar una subida del 1,6% de las pensiones con carácter retroactivo a enero, así como una subida del 3% para las prestaciones mínimas y un aumento hasta el 60% de la base reguladora de las pensiones de viudedad. Los pensionistas llevaban ya cinco meses manifestándose por su pérdida de poder adquisitivo y con el cambio de Gobierno en junio no cejaron en sus protestas.

Sánchez ha mantenido las compensaciones del PP y ha añadido otras para, como señala el secretario de organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, usar decretos para «marcar con su impronta» el ejercicio de Gobierno. Así, a la subida del 1,6% heredada de Rajoy, Sánchez añadió el 21 de diciembre una décima en compensación por la inflación, hasta el 1,7%; blindó una subida similar para este curso y, con esta base, promete enterrar la reforma de 2013 y ligar su revalorización al IPC, la principal demanda de los pensionistas.

SALARIOS MÍNIMOS: 1,3 MILLONES

El Salario Mínimo Interprofesional subió un 4% en 2018 y Gobierno y agentes sociales habían pactado una subida desde los 707 euros con que concluyó 2017 hasta 850 euros en 2020. Así, con el SMI en 736 euros, el pasado mes de octubre el Gobierno forjó una alianza con Podemos por la que prescindió del acuerdo con patronal y sindicatos y pactó una subida del SMI hasta 900 euros, la mayor aplicada sobre este concepto en 41 años. Alrededor de 1,3 millones de trabajadores que cobran las nóminas más bajas del mercado laboral verían recogido un aumento del 22% gracias a este acuerdo.

La relación con Podemos se había deteriorado ya en diciembre, cuando se aprobó definitivamente la subida del SMI. Hasta el punto de que sólo unas semanas más tarde el partido de Pablo Iglesias tumbaría en el Congreso la Ley del Alquiler propuesta por su socio. Pero tras el enfrentamiento, Sánchez ha capitalizado los beneficios de la medida, muy criticada desde distintos servicios de estudios que advierten de que al menos un 10% de este colectivo, los más vulnerables, pagarán con su empleo una subida salarial tan drástica.

PARADOS MAYORES: 114.000

Las medidas destinadas a beneficiar desde el Consejo de Ministros a colectivos han comenzado a sucederse a medida que el Gobierno se distanciaba de Podemos, su margen de maniobra quedaba reducido al mínimo y se hacía más inminente la convocatoria de elecciones. El pasado 8 de marzo el Gobierno rebajó tres años, desde los 55 hasta los 52, la edad para cobrar un subsidio por paro incluso si se ha trabajado de forma parcial y hasta la edad legal de jubilación si no se encuentra empleo. Trabajo cifró en 114.000 los potenciales beneficiarios, que se sumarán a los 266.000 que ya lo reciben en la actualidad. En total, unas 380.000 personas cobrarán la ayuda, de unos 430 euros mensuales.

PARADOS DE LARGA DURACIÓN: 1.3 MILLONES

El Gobierno guarda para el último Consejo de Ministros la aprobación del denominado Plan Reinserta. Sin saber hasta el 28 de abril si podrá ejecutarlo o cómo lo desarrollará, el próximo viernes 5 de abril ofrecerá incentivos a la contratación de 1,3 millones de parados de larga duración a lo largo de los próximos tres años, según los borradores que maneja el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE). Serán 140.000 contratos indefinidos anuales por al menos 900 euros al mes. Las empresas que firmen la contratación de personas que hayan estado más de 12 meses apuntadas al paro recibirán ayudas de hasta 125 euros mensuales para pagar la subida de 160 que ha experimentado el SMI.