Justícia anuncia que la normativa impedirá avanzar tres mensualidades para poder arrendar

Los contratos de alquiler serán más garantistas para propietarios como inquilinos. El Código Civil catalán incluirá la obligatoriedad de documentar el estado de los pisos con vídeos o fotografías para dar más seguridad jurídica a los dos partes. Además se debe hacer constar la superficie habitable, accesorios como calefacción, aire acondicionado o muebles con un inventario completo que podrá ser contrastado por los inquilinos.

El Departament de Justícia ha anunciado estas medidas que incluirá el nuevo capítulo del Código Civil catalán que preparan y que tienen en cuenta que los propietarios podrán recuperar fianzas si deben afrontar reclamaciones por daños además de los desperfectos ocasionados durante la duración del contrato. La medida quiere reducir los litigios en los tribunales por lo que se quiere potenciar la mediación y la resolución extrajudicial de los conflictos.

El proyecto de ley sobre alquileres también facultará a la Generalitat, o por transferencia a los ayuntamientos, para limitar el precio de los arrendamientos y establecerá que la duración mínima sea de entre seis y 10 años. Cuando alquile un particular la duración del contrato será menor a pisos o cases que pertenezcan a sociedades mercantiles del negocio inmobiliario.

Justícia detalla que el marco legal actual establece que el propietario de un piso puede exigir avanzar tres mensualidades como fianza, depósito o aval bancario como condición para el alquiler. Sin embargo el Govern considera que es excesivo y reducirá estas mensualidades. La ley catalana dejará sin efectos la obligatoriedad de que los inquilinos tengan un derecho preferente en caso de venta del inmueble, como se establece ahora, ya que considera que muchos renuncian por las condiciones que se imponen.

La regulación del alquiler de inmuebles, que el Parlament quiere aprobar por ley, se incluirá en el libro sexto del Código Civil catalán dedicado a las obligaciones y los contratos y ya establece normas relativas a la compraventa y los arrendamientos rústicos con finalidad de preservar el patrimonio natural. La Generalitat pretende ejercer su competencia exclusiva sobre derecho civil para facilitar el acceso a la vivienda de la ciudadanía y hacerlo compatible con las actividades del negocio inmobiliario, evitando abusos como el coste desproporcionado del alquiler a los tres años de contrato que contribuyen a la expulsión de los vecinos y al uno no residencial de los pisos.

En los últimos 5 años el precio medio del alquiler ha crecido un 29% en Cataluña mientras que en Barcelona subió un 38%, unos 270 euros de aumento por piso. La situación se ha extendido en municipios del entorno metropolitano en los dos últimos años como Santa Coloma de Gramenet (9,9 %), Sant Andreu de la Barca (+11 %), Ripollet (12,7 %),  el Papiol (+22 %) o Sant Just Desvern (+39 %).

Fuente: https://www.elmundo.es/cataluna/2019/05/14/5cdac315fc6c8303518b481b.html