Casi el 50% de los ingresos por impuestos de los Consistorios proceden ya de la construcción
La construcción está volviendo a relanzar los ingresos de los municipios. Aunque ninguna institución oficial se atreve a pronosticar que se esté iniciando una nueva burbuja inmobiliaria, los datos de la Contabilidad Nacional confirman que hay mucho movimiento porque los ayuntamientos están recuperando a marchas forzadas la recaudación de los años previos a la burbuja inmobiliaria en los impuestos más notorios ligados al ladrillo. Así, si en 2006, un año antes del inicio de la crisis económica, la construcción aportaba el 39% de los ingresos por impuestos de la Administración Local, en 2018, tras dos recesiones y una salida de la crisis que dura ya más de cuatro años, acumula casi el 50% de sus tributos en términos corrientes. Con esta contribución, las corporaciones consiguieron en 2018 un nuevo superávit (6.292 millones), el séptimo consecutivo, y se han convertido en la única Administración Pública que ha conseguido cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria y además ha bajado su deuda.
También sube en gran medida la recaudación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD), que grava sobre todo la compraventa de viviendas de segunda mano. Sube un 14%, hasta 207 millones. Es otro de los impuestos que tuvo su particular rallye descendente durante la crisis. En todo caso, a pesar del alza, está aún lejos de los 503 millones registrados en 2006, pero ya permite recaudar el doble que en 2013, año en que llegó a su suelo con sólo 110 millones.
Otro impuesto ligado al ladrillo y que sigue creciendo a un ritmo frenético es el que grava las licencias urbanísticas. Aunque todavía no hay cifras de su liquidación definitiva, la intervención general estima un aumento cercano al 15%, hasta los 327 millones, un 40% menos que al inicio de la crisis (547 millones en 2006), pero más del doble del suelo alcanzado en 2013 (175 millones).
Alza del IBI
También destaca el alza del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el único tributo que hace crecer la caja independientemente del ciclo económico. Sigue siendo el que más efecto recaudador tiene para los ayuntamientos. Supone ya el 36% de todos sus ingresos impositivos frente al 23% en 2006. Es decir, la recaudación es ahora superior en 13 puntos respecto a la que se registraba en pleno ‘boom’ inmobiliario. Los alcaldes han utilizado siempre este impuesto para aumentar los ingresos: cuando subía el precio de la vivienda, aumentaban el valor catastral y, cuando el precio se desplomó, elevaron los tipos que gravan este impuesto.
El IBI se ha convertido en la salvaguarda de las cuentas municipales y se ha utilizado para solapar la caída de otros impuestos, incluidos los más directos de la construcción. El incremento de su recaudación es ahora más modesto respecto a años anteriores por la proximidad de las elecciones locales. Algo similar sucedió en 2015, año de la anterior cita electoral, ya que el ritmo de crecimiento en los ejercicios precedentes era del 7% y bajó de golpe al 2,1%. El alza en 2018 fue del 1% hasta superar por primera vez los 14.000 millones. Esta cifra incluye el IBI por las viviendas desocupadas que aplican algunas corporaciones. En todo caso, la recaudación en términos corrientes es casi el doble (7.000 millones más) que la que se registraba en 2006 en plena burbuja. Es el único tributo que ha crecido a lo largo de su historia, incluso en los peores años de la crisis. Por ejemplo, entre 2008 y 2009, en plena primera recesión, su alza anual superó el 10% como consecuencia de la revisión catastral y de la desproporcionada subida de tipos. Y, durante la segunda recesión, entre 2012 y 2013, la media superó el 8%. Es decir, a los ayuntamientos no les ha preocupado que de las 900.000 viviendas que se vendían al año en 2006 se pasase a sólo 300.000 en 2013, año en que se alcanzó el suelo de las ventas. Según el ministerio de Fomento, en 2018 se ha realizado ya 582.000 transacciones. Sin embargo, el 80% de estas operaciones son viviendas de segunda mano, cuyos propietarios iniciales ya abonaban el recibo de la contribución. Por tanto, el crecimiento potencial del IBI será ilimitado cuando se active la compraventa de vivienda nueva.
El único impuesto relacionado con la construcción que ha reducido su crecimiento actual es el que grava el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalías). Se debe a los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional en 2017 que lo declaró nulo en los casos en que los contribuyentes registraron una minusvalía al vender sus casas a un precio menor al que las compraron y, sin embargo, tuvieron que pagar la plusvalía calculada con una tasa de revalorización ideada por los propios ayuntamientos pese a no haber obtenido ganancia alguna. Aún no se ha modificado la Ley de Haciendas Locales como exigía el Constitucional, aunque existe una propuesta que está pendiente de ser aprobada. Por ello, las corporaciones han bajado el ritmo de su cobro mientras sigue pendiente la devolución del dinero indebidamente cobrado. De esta forma, en 2018 la caja alcanzó los 2.354 millones, un 6,5% menos que en 2017. Pese al descenso, esta recaudación es un 72% superior a la que se registraba en 2006 (1.371 millones). El techo de ingresos se obtuvo en 2016 con casi 2.600 millones, un 89% más que diez años antes.