El PIB ha sufrido durante estas semanas la mayor contracción de su historia, con más de un 20% del PIB perdido. La desescalada abre paso a la recuperación, pero ¿hasta dónde llegará?
La magnitud de la caída del PIB y la composición del tejido productivo determinarán la salida de la crisis. Y, malas noticias, España destaca de forma negativa en ambos factores. Los 100 días de estado de alarma le han costado a la economía española unos 80.000 millones de euros. Una factura tan elevada que dejará cicatrices.
El cierre de la movilidad ha coincidido, además, con meses en los que España registra una intensa actividad económica por la Semana Santa, el inicio de la campaña de verano y porque el resto de sectores siguen funcionando a pleno rendimiento antes de las vacaciones.
Aunque todavía no hay datos disponibles del PIB del segundo trimestre, los datos adelantados permiten realizar una primera estimación ajustada del coste de la crisis del coronavirus. Las dos semanas de estado de alarma de marzo provocaron una pérdida de en torno al 34% del PIB, según el análisis del Banco de España a partir de los datos de contabilidad nacional del INE. Eso significa que el primer estado de alarma generaba la pérdida de uno de cada tres euros de producción.
Durante la primera quincena de abril se reforzó el estado de alarma con el permiso retribuido recuperable que aprobó el Gobierno para limitar al mínimo imprescindible la movilidad. Es de esperar que durante ese mes, la caída de la actividad fuese incluso superior a ese 34%. Simplemente, la caída del comercio minorista ya provoca un agujero de esa magnitud, ya que se hundió un 32% ese mes.
En mayo comenzó la desescalada, aunque fue muy lenta al principio y dejó fuera a los dos grandes focos de actividad del país: Madrid y Barcelona. El número de afiliados a la Seguridad Social, en media mensual, aumentó un 0,5% y apenas se recuperaron 97.000 de los más de 791.000 empleos destruidos entre marzo y abril. En cuanto a la reincorporación de los trabajadores en ERTE, el último día de mes habían vuelto a la actividad poco más del 6% de los asalariados afectados.
En total, si se restan los empleos perdidos y los afectados por ERTE, el número de trabajadores era un 21% inferior al del mismo mes del año anterior. Esto significa que en mayo la actividad se mantuvo todavía bajo mínimos a pesar de la desescalada, con una caída del PIB que todavía estaría cerca del 25%.
El mes de junio todavía es una incógnita, ya que no hay indicadores económicos disponibles. Sin embargo, las empresas siguen muy lejos de volver a la normalidad, como muestran los indicadores de confianza publicados. El último barómetro de ATA del mes de junio muestra que apenas el 10% mantenían su negocio cerrado, sin embargo, más de la mitad de los que reabrieron tenían un nivel de facturación inferior al 50% del habitual. Es por eso que la caída de producción durante estas semanas de junio de estado de alarma no habrá sido inferior al 10%.
Con esta hipótesis, la caída del PIB a lo largo de estas semanas se situaría en el entorno del 21% nominal respecto al mismo periodo de 2019, cifras un poco más optimistas que las estimaciones del Banco de España y de la OCDE para el conjunto del trimestre, lo que muestra que la caída pude haber sido superior. De esta forma, a lo largo del estado de alarma se habrán perdido no menos de 75.000 millones de euros respecto a las cifras logradas en el mismo periodo de 2019.
Pero además de la caída de la actividad respecto a 2019, España también ha perdido el ritmo de crecimiento que tenía antes del estallido de la crisis y que hay que sumarlo como parte del coste del coronavirus. Las previsiones para este año del Gobierno apuntaban a un crecimiento del PIB del 3,6% nominal para el conjunto del año. Los datos de empleo, consumo y producción de la industria y los servicios del inicio del año respaldan esta estimación. Por ejemplo, el consumo minorista, principal componente del PIB, registraba un crecimiento interanual hasta febrero del 3,5%.
Toda esa inercia perdida también forma parte del coste de la pandemia del coronavirus y del estado de alarma. Si se comparan los datos registrados con el crecimiento tendencial, entonces la factura del coronavirus asciende hasta unos 88.000 millones de euros, lo que se corresponde con una caída de la actividad del entorno del 23%. Un auténtico hundimiento que supera los datos de la gran mayoría de economías avanzadas.
La magnitud de la caída del PIB es tan elevada que podría producir efectos duraderos sobre la actividad económica. Por ejemplo, hay un riesgo evidente de destrucción permanente de tejido productivo y empleo. Hasta finales de mayo se habían dado de baja 99.500 empresas con trabajadores a cargo, según la estadística de cuentas de cotización de la Seguridad Social. El riesgo de que estas empresas no vuelvan a levantar la persiana es muy elevado.
En las últimas semanas se han reincorporado muchos trabajadores que estaban en ERTE. De los 3,4 millones de beneficiarios que había antes del inicio de la desescalada, a mediados de junio ya se habían reincorporado 1,1 millones, según los últimos datos de la Seguridad Social. Esta es una noticia positiva, pero refleja la vuelta a la actividad de las empresas más grandes y solventes. El problema son los más de dos millones de trabajadores que siguen en ERTE y que forman parte de sectores y empresas más débiles. Para todos ellos, el riesgo de perder el empleo aumenta a medida que pasan los días y supone el principal foco de preocupación. Si el mercado laboral no consigue reabsorber a la mayoría de estos trabajadores, la crisis del coronavirus será más larga y costosa.