Los propietarios poseen más del 80% del parque viviendas que hay en alquiler en España. Hasta el Gobierno lo reconoce… menos Iglesias.
Con la supuesta opinión de dos jueces y poniendo como ejemplo al Sindicato de Inquilinos. Ese fue el argumentario que utilizó ayer miércoles el vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, para negar que en nuestro país se ocupen viviendas de propietarios particulares. «El problema de la vivienda en España no es la ocupación; es el precio de los alquileres, la especulación y que los fondos buitre son el principal casero», aseguró Iglesias en el Congreso. Dejando a un lado la cantidad de testimonios de víctimas que están sufriendo la lacra del asalto a sus casas —y que llevamos años recogiendo en Libre Mercado—, en esta frase de Iglesias hay un error garrafal.
Y es que los llamados fondos buitre no son los principales caseros del país, ni mucho menos. Los principales caseros son los particulares. En concreto, poseen más del 80% del parque de viviendas que hay en alquiler en nuestro territorio. Hasta el propio Gobierno lo reconocía, por ejemplo, cuando anunció la moratoria de los arrendamientos por el coronavirus. «Se regula la moratoria para el caso en el que el arrendador no sea un gran tenedor de inmuebles, algo que sucede en el 85% de los casos», admitían en Moncloa. Sorprende que su compañero de Gobierno lo desconozca.
Tras esta metedura de para de libro, Pablo Iglesias también aprovechó su intervención para aplaudir al Sindicato de Inquilinos. «Me va a permitir, señoría, que salude la iniciativa del Sindicato de Inquilinos que se ha convertido en Ley en el Parlament de Cataluña y que tiene que ser una referencia para regular los alquileres en España», señaló el líder de Podemos. La medida a la que se refiere Iglesias es la que se ha aprobado este mismo mes en Cataluña, y que ha convertido a la región en la primera de España en intervenir el precio de los arrendamientos
Las consecuencias de intervenir el alquiler
Mientras Iglesias jalea una medida similar a la que propone su propio partido, el sector inmobiliario y empresarial de nuestro país se ha lanzado en tromba contra ella. Primero, por la pérdida de libertad del propietario. «Es ilegal y perjudicará gravemente el mercado de alquiler en Cataluña», vaticina el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, Jose Ramón Zurdo. «Esta Ley, aprobada en un parlamento autonómico, es contraria a una Ley de rango mayor, como es la Ley de Arrendamientos Urbanos, que parte de un principio general de libertad en la fijación de rentas y que impide a las Comunidades Autónomas fijar precios de referencia, con carácter vinculante», añade.
También apuntan a su posible inconstitucionalidad. «En un mercado libre, chocaría con lo dispuesto en el artículo 149.1.8 de la Constitución Española, en la atribución que hace al Estado de la competencia sobre las bases de las obligaciones contractuales. Y también, colisionaría con el Art.33 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la propiedad privada», señala Zurdo. En la misma línea va la patronal catalana Foment del Treball, que no duda de que la nueva ley «vulnera la Constitución y el Estatuto en 18 puntos de su articulado. Así lo resolvió el Consejo de Garantías Estatutarias del Parlamento de Cataluña. Por esta razón, esta norma nunca se podrá aplicar. Es un grave y mayúsculo error que llega en uno de los peores momentos de crisis económica».
Además, para los empresarios catalanes, la nueva regulación espanta cualquier atisbo de inversión en el territorio donde se implanta. «Afecta seriamente a la seguridad jurídica y a la confianza necesaria para los inversores y penaliza a las empresas que tienen capacidad para dotar al mercado de promociones de viviendas en alquiler», avisan.
Entre las consecuencias que provocará prohibir a un propietario cobrar lo que cree que vale la casa que tiene puesta en alquiler en Cataluña está el peligro de que la retire del mercado —ya sea vendiéndola o cerrándola—. Aunque el líder de Podemos no menciona en su intervención en el Congreso la escasez de oferta entre los principales problemas de la vivienda en España, la lógica del mercado nos enseña que, si en cualquier región disminuye el número de casas en alquiler, su precio sube. Justo el objetivo contrario al que pretenden conseguir. En Pisos.com recuerdan el fiasco que han supuesto este tipo de medidas en otras ciudades del mundo. «Los precedentes en mercados como París o Berlín han mostrado la ineficacia del control de las rentas, que han causado un aumento en el precio del alquiler o consecuencias negativas para los inquilinos«, señalan en la plataforma.
Viviendas deterioradas
La falta de rehabilitación de las viviendas que se alquilan es otra de esas nefastas consecuencias. «Los propietarios dejan de invertir en el mantenimiento de la vivienda, dando lugar a un parque de vivienda en alquiler más deteriorado, o bien prefieren vender ante la caída de rentabilidad, disminuyendo la oferta de alquiler y aumentando así el precio medio al no disminuir la demanda», señalan en el portal de vivienda.
«Intervenir los precios en las zonas tensionadas no va a aumentar la oferta de viviendas en esas zonas, sino que va a castigar a los propietarios que necesitan esas rentas, por ejemplo para pagar su hipoteca o para hacer frente al pago de una residencia», señalan en la Agencia Negociadora del Alquiler. «Los propietarios intervenidos, a la larga, no tendrán poder adquisitivo para mantener en condiciones sus viviendas, por lo que uno de los primeros efectos de la intervención de precios será el deterioro paulatino de las viviendas de alquiler y un posible aumento de una exigencia por adelantado de dinero negro para compensar la bajada», añaden coincidiendo con Pisos.com.
Fomentar los alquileres en la economía sumergida también será una de las consecuencias de la medida que defiende Iglesias, tal y como señalan desde la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) y desde los colegios y asociaciones de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Cataluña. Ambas organizaciones califican de «electoralista» y «populista» la medida.
Según Pisos.com, el incremento en el precio del alquiler en Cataluña aumentó un discreto 1,71% interanual el pasado agosto, muy lejos de cifras cercanas al 20% que se producían, por ejemplo, a principio del 2019. En el mercado de Barcelona capital, las caídas en las rentas ya se están produciendo desde hace meses, y en agosto se registró un descenso más que notable del 10,52% interanual. Parece que es un momento más que inoportuno para frenar la libertad de mercado.
Fuente: Libremercado
https://www.libremercado.com/2020-09-17/el-error-garrafal-de-pablo-iglesias-cuando-niega-la-okupacion-y-habla-de-alquileres-6660514/