El sector de la construcción, en plena renovación tras dar por cerrada la crisis, se está adaptando a los cambios coyunturales desde la innovación y la digitalización para afrontar grandes retos como el de la sostenibilidad. En torno a este futuro y sus handicaps se centró el debate Las claves del sector de la construcción organizado por EL MUNDO de CATALUNYA, en colaboración con Fira de Barcelona y el Círculo Ecuestre, coincidiendo con la celebración del salón BBConstrumat, del 14 al 17 de mayo.
La falta de políticas a largo plazo en edificación residencial y en grandes infraestructuras y equipamientos y la aplicación de medidas partidistas como la aprobada en Barcelona para la reserva de un 30% de las nuevas promociones a vivienda social aunaron las críticas para el conjunto de las administraciones españolas y catalanas. Opiniones en las que coincidieron todas las voces del sector allí representadas, desde los contratistas, constructores y promotores a los agentes de la propiedad inmobiliaria, y capitaneadas por la presidenta de BBConstrumat, Ana Vallés.
La construcción en España atraviesa un momento de una cierta recuperación, «estamos alcanzando resultados positivos moderados pero constantes desde 2014», señaló Vallés, lo que permite pronosticar un crecimiento para 2019 del 4,5%,bastante más alto que la media de Europa situada por debajo del 3%, pero no estará exento de dificultades. «La actividad en la construcción se centrará básicamente en la vivienda residencial con alzas cercanas al 10% y en menor medida en la edificación no residencial, pero la rehabilitación continua estancada con crecimientos bajos del 2-3% y la ingeniería civil si no decrece quedará prácticamente estancada». Este es el análisis del Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC), cuyo director general Francisco Diéguezalertó de que el sector está en plena transformación, «la crisis fue tan fuerte que descapitalizó a las empresas» y ahora apremia industrializarse para ser más eficiente, generar más recursos y «poder dedicar más dinero a la innovación».
Un desafío que BBConstrumat contempla desde muchos ángulos para «seguir acompañando a las empresas en su modernización, explicó Ana Vallés, y por ello el salón ha crecido en metros cuadrados y expositores y en una visión más internacional».
La escasez de recursos no es sólo un problema del sector de la construcción que se considera «estigmatizado» y que viene de la reconversión a que se vio sometido por la crisis de la última década, sino que se extiende a todas las administraciones (estatal, autonómica y local). Así se enfrentan a uno de los principales escollos: la escasez de licitación pública. La solución pasa, según Joaquim Llansó, presidente de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC), por un nuevo modelo de gestión pública basado en un pacto nacional de infraestructuras que determinase con el asesoramiento del sector una planificación de los proyectos a 10-15 años y, muy importante, «que no dependiera de los ciclos electorales y que gozase de recursos». Entre las fórmulas a fomentar estarían la recuperación de las colaboraciones público-privadas, el pago de un canon por uso de infraestructuras y priorizar las obras por su sostenibilidad y su retorno en base al coste/beneficio.
El representante de los contratistas explicó que en Cataluña, en comparación con los 28 países más desarrollados, la licitación debería estar en el 2-2,5% del PIB, unos 5.000 millones de euros anuales entre los tres niveles de la administración, pero «llevamos ocho años por debajo, entre los 1.800 ó 2.100 millones (pasando por 700 millones en los peores años), mientras que en 2008 se licitaron 8.000 millones (2.000 millones de las estaciones de la L9 del metro) de obra pública. Lo que equivale a decir que estamos a una tercera parte de la media de los últimos 20 años».
Las quejas de los contratistas también se dirigen a las licitaciones bajo coste, lo que llaman ‘baja’. Los constructores avisan de que las licitaciones se otorgan en base a precio y por ello se ofertan bajo coste y eso acorta la rentabilidad de las empresas que deben aplicar descuentos de entre el 20 y el 30%, manifestó Joaquim Llansó.
Los pronósticos para este año coinciden con los del ITEC: «Llevamos 10 años de caídas acumuladas y en estos momentos no hay ni presupuestos del Estado ni de la Generalitat, por ello no cabe pensar en nuevas licitaciones y únicamente se realizarán las adjudicaciones que estaban periodificadas y presupuestadas».
El sector echa de menos el consenso que había existido en otras épocas en las que los técnicos tenían mucho que decir sobre los proyectos planificados antes y durante su ejecución, pero Llansó se mostró esperanzado porque ve cierta receptividad en los nuevos ministerios para reorientar el modelo de gestión. Algo que, contrariamente, no ocurre en el sector de la vivienda «en el que no se han hecho los deberes», asegura Lluís Marsà, presidente de l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE).
El máximo portavoz de los constructores defiende que el problema de la vivienda en España y en Cataluña «se está eternizando» porque se está «planificando mal». En primer lugar lo que debe hacerse es «dejar de hablar de viviendas para hablar de habitantes» y así «el sector podría dar una respuesta más rápida a los cambios que requiere la sociedad». Añade Gerard Duelo, presidente del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària (API), que hay que tener claro «hacia donde irán las demandas de los habitantes» y denota que en las grandes ciudades ya no queda suelo disponible, más allá del de titularidad pública, respecto al cual Luis Hernández de Cabanyes, presidente de Renta Corporación, se muestra exigente para con los ayuntamientos: «habrá que liberar suelo público».
Los nuevos habitantes de la ciudad tenemos que ser conscientes de que el Estado aporta por debajo del 0,2% del PIB al sector de la construcción y al iniciarse la crisis aportaba el 0,6% que ya era moverse en unos parámetros por debajo de otros países europeos, significó Marsà y concretó que no se resolverán los problemas si no hay una planificación en vivienda por parte de las administraciones y recursos para acceso a la vivienda asequible y a la vivienda pública.
En este punto del debate todas las opiniones se dirigen al riesgo que supone la aplicación de medidas «partidistas»como la recientemente aprobación en Barcelona de la obligación de reservar un 30% de las nuevas promociones y rehabilitaciones integrales a viviendas asequibles. «Es una normativa contraproducente que persigue que la gente pueda acceder a una vivienda y lo que hace es limitar al promotor y a las compañías especializadas en rehabilitación porque es de difícil aplicación, económicamente no es viable y genera inseguridad jurídica», puntualizó Luis Hernández de Cabanyes.
Los datos que maneja APCE determinan que en Cataluña en 2018 se terminaron 633 viviendas de protección oficial (VPO), un 60% de las cuales promovidas por alguna administración y el resto a cuenta de inversores privados. Marsà recordó también que «el módulo de precio de venta en VPO está bloqueado desde hace 13 años, cuando el IPC en ese mismo periodo ha aumentado un 15%». Así, ve difícil que los promotores potencien la obra de vivienda asequible.
Añadió que en Barcelona hay 20.000 viviendas por construir de VPO y en el área metropolitana unas 70.000 y las administraciones «han trasladado el problema al sector privado» cuando lo que se tendría que hacer es modificar los parámetros de edificabilidad: «En Barcelona, a mediados de los 70 del siglo pasado la media por vivienda era de 4,7 habitantes, ahora estamos en 2,6 y las perspectivas apuntan a 2,4 en el 2030».
Y ahora «nos enfrentamos al novedoso experimento del 30%» advirtió Marsà y desaconsejó que se extrapole a todos los municipios de Cataluña sin antes evaluar cómo funciona, al menos durante los próximos tres años en la capital. Entre tanto, Gerard Duelo apuesta por «invertir en las ciudades del entorno de la capital catalana» y en potenciar la colaboración público-privada. No obstante, para todos los ponentes es necesario ver Barcelona y su entorno «como una gran conurbación» y actuar como una única área bajo la dirección «de un alcalde metropolitano» insistió Marsà y se habló de ejemplos de ciudades europeas que trabajan con esos parámetros.
Los promotores consideran que sería mucho más aconsejable para las grandes ciudades trabajar por la sostenibilidad y por ejemplo ganar en altura, mientras que Duelo apuesta más por ganar espacios y también fomentar las tecnologías eficientemente energéticas. Recordó el presidente de los API que en países avanzados como Estados Unidos o Finlandia hay distintos sistemas de casas prefabricadas, hasta 40 modelos diferentes, desconocidos en general en España «donde el consumidor ha estigmatizado la casa prefabricada y no toma conciencia de que en precio óptimo (coste/calidad) son excelentes».
En este sentido, Francisco Diéguez admitió que el prefabricado está estigmatizado cuando lo que requiere el sector es ir hacia la industrialización, pero puntualizó que hay ciertos obstáculos como el hecho de que el código técnico para la edificación en España es muy exigente comparado con normativas de países de nuestro entorno. Y añadió que, en el segmento de la rehabilitación, la industrialización es aún más difícil. «Actualmente, el sector de la construcción sigue trabajando con un modelo secuencial dividido por fases, cuando lo que se construye debería entenderse como un activo único que es lo que se necesita para poder abordarlo desde la industrialización», concretó Diéguez.
Aún así, en Cataluña en 2018 se iniciaron 14.500 viviendas nuevas. Un informe del Col·legi d’Arquitectes sitúa el parámetro óptimo en tres viviendas nuevas por cada mil habitantes, lo que nos daría para Cataluña una horquilla de 25.000 viviendas anuales, es decir, que en 2018 la producción llegó sólo al 60%. Según Marsà, en los últimos cinco años únicamente se ha incrementado la producción en 11.500 pisos ya que en plena crisis, en 2013 se proyectaron unas 3.036. «No conozco un sector en el que su producción haya caído de máximos a un mínimo del 2%» y lo atribuyó, entre otras cosas, a la escasez de capital, falta de recursos, muchos suelos en situaciones complicadas (en manos de bancos como la Sareb), la problemática de la obtención de licencias en toda España…
Citó además que la política urbanística que reina en España y Cataluña define mucho y limita la configuración del proyecto, cuando lo que tendría que hacer es definir unos gálibos edificatorios que permitieran soluciones de industrialización u otras para que cada promotor se pudiera adecuar a lo que demanda la población y, especialmente, en obra de vivienda pública. «No puede ser que los parámetros para vivienda pública determinen los precios y la utilización de metros útiles sobre construidos», determinó Marsà.
En opinión de Luis Hernández, medidas municipales como la del 30% en Barcelona acotan además la renovación del parque de viviendas, de tal manera que se presiona los precios al alza porque la demanda «está ahí». Por ello, la oferta tenderá a incrementarse «porque los precios todavía tienen recorrido, ya que estamos todavía un 20% por debajo de los niveles precrisis de 2007, con un 18% de inflación acumulada», sostuvo. Otra de sus advertencias es que Barcelona tiene una densidad ideal: 20.000 viviendas por metro cuadrado y bajar esta densidad «sería un error» porque además de ser ineficiente para los desplazamientos, los servicios… perjudicaría la economía de la ciudad ya que «afectaría a la relación que debe haber entre los servicios que recibe el ciudadano y los costes que tiene por vivir en la capital».
Fuente: https://www.elmundo.es/economia/2019/05/13/5cd85238fc6c836b208b4697.html