El Tribunal de Cuentas ha enviado a las Cortes su Declaración sobre la Cuenta General del Estado para el Ejercicio 2018. El examen del organismo fiscalizador a las cuentas del primer curso de la Administración Sánchez contiene una durísima crítica al manejo de los fondos públicos realizado por el gabinete socialista, al que responsabiliza de todo tipo de errores, inconsistencias y malas prácticas.
El despilfarro y el maquillaje habrían alcanzado, cuando menos, los 9.000 millones de euros, de acuerdo con las numerosas salvedades que presenta el informe 1.366 de la entidad encargada de evaluar las cuentas presentadas por las distintas Administraciones Públicas. En total, se detectan más de 20 ámbitos de actuación donde el gobierno de Sánchez habría realizado un manejo irresponsable del dinero público.
Según el documento de marras, el gobierno no computó obligaciones de pago valoradas en 1.329 millones de euros y ligadas a todo tipo de prestaciones contributivas y no contributivas. Tampoco se recoge inadecuadamente el valor de los inmuebles que son propiedad de la Administración pero están cedidos a las comunidades autónomas. A esto hay que sumarle importantes errores de valoración en el patrimonio manejado por diversas instituciones, como el Museo Reina Sofía, el Instituto Cervantes o la UNED.
Las irregularidades también alcanzan al Consejo Económico y Social o a Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, que emplean espacios o edificios cedidos por la Administración central sin disponer de título jurídico que acredite tal uso y sin haber reconocido en la cuenta de resultados los gastos e ingresos correspondientes.
La contabilidad también recoge inconsistencias en las partidas de créditos concedidos a entidades públicas (por valor de 265 millones) o infravalora el saldo de créditos que van a ser condonados (con la consecuente pérdida de 815 millones). Además, aunque se realizaron correcciones en la valoración del deterioro de las deudas con la Administración General del Estado, estas modificaciones se quedaron cortas en 5.772 millones, mientras que el epígrafe de deudores está infravalorado en 1.613 millones de euros, al no recoger los intereses de demora asociados a los pagos pendientes.
En resumen, el informe constituye un duro reproche a la manera en que se maneja y contabiliza el dinero público, hasta el punto de que un catálogo tan extenso de irregularidades parece impensable en el ámbito de una gran empresa privada.