La ayuda de la Unión Europea, ese anunciado gran plan para la Reconstrucción de Europa, llegará tarde, y, probablemente, condicionado. La sombra del temido «rescate» vuelve a pesar en los análisis políticos a medio plazo. Y Europa ya ha sido determinante en los planes del Gobierno de Sánchez para ejecutar la desescalada.
El presidente lo fio prácticamente todo a la ayuda que vendría de Europa, y cuando ha visto que el grueso, si llega, será tarde, y previsiblemente condicionado, entonces ha tenido que acelerar el plan de desescalada para intentar reactivar la economía lo antes posible. Aunque no se cumplan las condiciones sanitarias fijadas inicialmente por el propio Ejecutivo, conforme al criterio de los «expertos»: ni disponemos del mapa serológico ni tampoco de la capacidad para hacer el trazado de contactos de los contagiados.
El plan de reconstrucción europea tiene que ir obligatoriamente ligado a la negociación del nuevo marco financiero de la Unión y del nuevo Presupuesto, por lo que entre la delegación española en el Parlamento Europeo se tiene ya asumido que no habrá respuesta hasta 2021. Todo depende de cómo evolucione la economía española, pero las previsiones son absolutamente sombrías y no llevan a pensar que el paquete de ayuda aprobado por el Eurogrupo, y que se hará efectivo en junio, será suficiente para cubrir todos los agujeros que dejará la pandemia en una economía como la española, con una deuda que ya estaba en el cien por cien del PIB y totalmente dependiente de algunos de los sectores más afectados por el virus, turismo y hostelería.
El futuro está marcado por la incertidumbre más absoluta: tan cierto puede ser que España necesite un rescate como que no. Pero todo indica que los países del norte, bautizados en esta nueva etapa como los «frugales», no se van a mover de la decisión de considerar que con el paquete de medio billón de euros aprobado por el Eurogrupo ya han cumplido con su obligación de solidaridad para atender los efectos de la pandemia.
Para España, y para Italia, esas ayudas –prestamos del BEI, MEDE y ayudas al empleo– no son suficientes. Estarán disponibles en junio, sin condicionalidad. Pero el problema es que esta crisis coincide con el vencimiento en diciembre de este año del Presupuesto comunitario (válido para siete años). Las arcas comunitarias están vacías y la negociación tiene que abrirse justo ahora, en medio de la tormenta.
Y ese nuevo marco financiero es imprescindible para que se pueda negociar a su vez el nuevo «Plan Marshall» porque exige pedir dinero prestado y el aval tiene que ser el citado marco plurianual. Fuentes de la delegación europarlamentaria española precisan que se añade, además, el inconveniente de que la negociación se hará sobre la exigencia de los países del norte de reducir su aportación, no más del 1 por ciento del PIB actual, que sería el 0,8 del anterior a la crisis.
Por tanto, habrá un marco financiero más pequeño como base para intentar respaldar ese plan de 1,5 billones de euros destinado a la reconstruicción europea. Con todos estos interrogantes encima de la mesa, puede intuirse que el año que viene, no antes, habrá quizás más dinero en los fondos de cohesión, un nuevo Plan Juncker de inversión, y créditos con condicionalidad. Pero en ningún caso lo que marcó el Gobierno español como objetivo: ni coronabonos ni deuda perpetua ni fondo de 1,5 billones incondicionado.
Ante este contexto tan complicado se explica mal que el Gobierno siga teniendo tantas dificultades para buscar complicidades ya sean políticas o sectoriales ante su gestión de la crisis sanitaria y económica. El problema de la falta de diálogo no sólo toca a la oposición o a las comunidades. También se quejan de lo mismo agentes sociales, el sector hostelero o de la restauración.
El Gobierno parece que se pone en manos del hecho de que «no hay alternativa» a la que representa la coalición progresista. Pero a día de hoy la coalición no tiene garantizados los votos para aprobar ninguna iniciativa porque ha perdido la mayoría que sumaba con sus socios y tampoco tiene asegurado, ni mucho menos, el apoyo de PP y Cs para afrontar el difícil proceso de la desescalada.
La letra pequeña de los datos sobre la epidemia ha empezado a dibujar la amenaza de posibles repuntes una vez que han transcurrido más de dos semanas desde que muchos trabajadores en actividades no esenciales han vuelto a sus puestos de trabajo. En ese estudio de posibles repuntes el Gobierno tiene marcados los casos de Madrid, Cataluña, Galicia, País Vasco, Extremadura y Valencia.
Fuente: https://www.larazon.es/espana/20200501/v3rf3ify5zdgdkynjcz4ykgfmm.html