La limitación de los precios del alquiler fue una de las medidas estrella del acuerdo que selló la alianza de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Sin embargo, menos de dos semanas después de la constitución del Ejecutivo, dicha medida ha supuesto un nuevo punto de desencuentro entre los dos socios de La Moncloa. Y no un punto menor, ya que ha sido la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, la encargada de manifestar sus reparos.
«Hay distintas ciudades que están experimentando en esa línea, estableciendo límites, no con mucho éxito», aseguró Calviño en una entrevista en la Cadena Ser. Por eso, según explicó, el Gobierno se concentrará en aumentar la oferta de vivienda a través del Plan de Vivienda que prepara el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
La respuesta va más allá de una inocente apreciación. Limitar la subida de los arrendamientos era una de las exigencias que el partido de Pablo Iglesias puso encima de la mesa para dar su apoyo a la investidura de Sánchez. Cabe recordar que en la anterior legislatura, Podemos ya votó en contra del decreto de vivienda y alquiler planteado por Pedro Sánchez porque en su versión final no incluía esta propuesta.
En esta ocasión, el Partido Socialista, que hasta entonces no sólo se había mostrado reticente sino contrario a esta alternativa, terminó incorporándola al pacto. En concreto, el documento recoge que se «impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado» y que se habilitará a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que lleven a cabo esa limitación a partir del índice de referencia elaborado por el departamento de José Luis Ábalos.
Aunque muchos celebraron la propuesta, especialmente desde el ámbito de la formación morada, ya la propia redacción de la medida es ambigua. PSOE y Unidas Podemos se comprometían a poner techo a las subidas abusivas de los precios del alquiler, pero son las comunidades y los consistorios los encargados de llevarlo a la práctica. Si quieren, claro. Porque son ellos los que tienen las competencias y algunas, como la Comunidad de Madrid, ya han anunciado que no la pondrán en marcha.
Pero ahora las reticencias llegan desde dentro del Gabinete de Sánchez y de uno de sus pesos pesados. Nadia Calviño es el principal aval de la ortodoxia económica que el presidente ha presentado ante los mercados y las autoridades europeas y su alusión al alquiler parece dejar claro quién tiene la última palabra en lo que a economía se refiere.
Ya lo hizo con la reforma laboral. Mientras la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido la derogación completa de la reforma de 2012 -aunque sea en dos fases-, Calviño se muestra a favor de modificar únicamente los aspectos que considera más lesivos.
EFECTOS CONTRARIOS
En lo que se refiere al alquiler, como indicó la ministra, otros países y ciudades como París o Berlín ya han puesto en práctica planes que de una manera u otra limitan las subidas de las rentas, aunque los resultados por el momento no han demostrado su efectividad.
Dentro del sector inmobiliario son muchos los que advierten de las consecuencias de estos planes, que van desde el fomento de un mercado negro de vivienda hasta el efecto boomerang que produce en los precios.
La última advertencia, sin embargo, ha venido desde el Banco de España y se produjo el mismo jueves. El regulador aseguró en un documento publicado ese día que controlar los precios de los alquileres puede tener «efectos adversos potencialmente significativos», sobre todo si la medida es prolongada, entre ellos la reducción del número de viviendas en el mercado y el recorte de los gastos de mantenimiento por parte de los propietarios.
Además, esta política «puede crear segmentación en el mercado de la vivienda al concentrarse las medidas de control de rentas en determinados colectivos o zonas de una ciudad», añade el documento.
PLAN PARALIZADO
Ante estas alertas, Calviño prefiere que la acción del Gobierno en materia de vivienda se canalice a través del Plan de Vivienda anunciado por el entonces Ministerio de Fomento, con el que se pretenden levantar 20.000 casas e incorporarlas al parque público de alquiler.
El plan, más allá del anuncio, permanece estancado en su elaboración. El ministro José Luis Ábalos avanzo el pasado mes de octubre una parte de su contenido; entre otras cosas, su Departamento está preparando los pliegos para ceder suelo público durante unos 50 años al capital privado a cambio de construir pisos para sacarlos al mercado y gestionarlos de manera asequible
Fondos y promotoras reconocen a EL MUNDO que hasta ahora no han conocido más detalles al respecto ni han mantenido más contactos con el Ministerio para abordar este asunto. Se muestran a favor de la iniciativa y dispuestos a participar en ella, aunque apremian para saber más sobre en qué términos se llevaría a cabo la gestión y explotación de los inmuebles.
Fuente: https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2020/01/25/5e2aee4521efa06e7c8b45aa.html