El proceso de identificación de las personas que viven en los 221 pisos sociales propiedad del Ayuntamiento de Castellón ha culminado con tres casos «susceptibles de desalojo».
Uno de ellos responde a los okupas que ya denunció EL MUNDO que accedieron el verano pasado por la fuerza a la vivienda que el consistorio había cedido al Hospital Provincial para acoger a enfermos oncológicos y a sus familiares durante el tiempo que permanecían en Castellón recibiendo tratamiento ambulatorio.
De los otros dos casos, desde la Concejalía de Vivienda restan trascendencia porque aseguran que «se trata de una familia que reside en Zaragoza y viene a Castellón de veraneo», que es cuando utiliza esta casa, como ya advirtió la alcaldesa, Amparo Marco, en un pleno pasado y sobre el que informó EL MUNDO.
El tercero, según la concejalía que dirige la antigua dirigente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), María Jesús Garrido, «más que un desalojo, sería una regularización de la situación» porque responde, advierten, a una familia que fue beneficiaria del alquiler de un piso municipal pero ya no reside en él.
Ahora bien, la misión de Garrido es esclarecer estas «situaciones rocambolescas y comprobar si familias a las que se les concedió un alquiler social, cuando mejoró su situación económica salieron de esa vivienda y la realquilaron a espaldas del Ayuntamiento de Castellón al que acusan desde el tripartito ahora (PSOE, Compromís y Podem), como en el pasado mandato lo hizo el bipartito (PSPV y Compromís), de que durante 24 años el PP en el gobierno de la ciudad vivió de espaldas al control del parque público de vivienda social.
HASTA 2022
Por el momento, entre 2015 y 2012, a través de los contratos de Jornals de Vila a desempleados se censó a los beneficiarios de los inmuebles. Ahora, hasta el año 2022 se prevé impulsar «una regularización que comenzará con un proceso de inspecciones».
Ante esta situación, Garrido quiso poner el acento en que «estoy radicalmente en contra de que la gente pierda su derecho al techo, pero el derecho al techo hay que tenerlo, no se puede proporcionar por uno mismo, sin ningún derecho».
En opinión de la concejala, que como activista que ha sido participó, hasta que entró en la corporación municipal el pasado 13 de junio, frenando desahucios por impagos de alquiler o hipoteca en Castellón durante años, «los abusos no son justos cuando hay gente necesitada».
En este sentido puntualiza que «el derecho a la vivienda es invulnerable, pero no hay que confundir derecho con abuso», máxime cuando «hay 300 personas en lista de espera» registradas en los servicios sociales municipales.
Cabe recordar que un total de 58 de los 221 de los pisos propiedad del Ayuntamiento de la capital de La Plana se encuentran en situación irregular. Por si no fuera poco, el 70% de estos están ocupados sin control municipal desde hace más de 10 años. Y para más inri, «ocho de estas viviendas están así desde hace más de dos décadas», según el informe facilitado por Garrido. Así, de las 58 irregulares, 40 están de esta manera desde hace más de 10 años, y en el caso de 8 de ellas (una de cada cinco) hace más de 20 años.
El ejemplo de Zaragoza puesto por la alcaldesa radica en un hecho. «El 45% de las viviendas ocupadas irregularmente lo están por familiares o parientes de los titulares originales», según fuentes de la Concejalía.
Fuente: https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2019/12/13/5df34eddfc6c83212f8b4586.html