Román Escolano llegó al gobierno de España en 2018, reemplazando a Luis de Guindos. Con una notable trayectoria a su espalda, el exdirectivo del BBVA, expresidente del ICO y exvicepresidente del Banco Europeo de Inversiones asumió el reto de dar continuidad a las políticas económicas de Mariano Rajoy. Sin embargo, la moción de censura desalojó al gabinete popular y dejó a Escolano en fuera de juego cuando apenas se cumplían tres meses de su nombramiento.
Ante esta situación, Escolano se ha visto obligado a mover ficha y explorar nuevos horizontes profesionales. En septiembre del pasado año se incorporó como profesor a CUNEF, antesala de su fichaje como asesor de EY y Llorente & Cuenca. Pero, al margen de estos cambios, Escolano no ha dejado a un lado sus inquietudes políticas y, de hecho, ha sido uno de los invitados estrella del Campus de Verano que organiza la Fundación Faes. En dicho evento, Escolano pronunció una conferencia sobre Estado y Sociedad de Bienestar en la que puso de relieve la necesidad de «repensar» el modelo socioeconómico español y europeo.
El ex ministro destacó que «una de las grandes diferencias económicas entre Europa y el resto del mundo es que el Estado del Bienestar es mucho más grande en los países de nuestro entorno. De hecho, en muchos casos hablamos de niveles de gasto que alcanzan entre el 45% y el 50% del PIB. Son rúbricas muy importantes que certifican el gran tamaño de las Administraciones Públicas».
Escolano se mostró convencido de que los niveles de gasto público «han crecido de forma reiterada desde los años 70, hasta alcanzar niveles máximos. Han llegado a su tope. Esto quiere decir que tenemos que tomar decisiones políticas muy importantes, porque el peso del Estado sobre el PIB ya no avanza de forma significativa y, por tanto, tiene que ser replanteado».
Para explicar su tesis, Escolano sacó a relucir los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que siguen en vigor en 2019 debido a la prórroga que se vio obligado a aplicar el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Desglosando los PGE, el economista explicó que «las funciones más básicas del Estado consumen apenas el 5% del gasto. En esta categoría entran la defensa, la justicia, la policía, las instituciones penitenciarias y la política exterior. Son 19.000 millones sobre un gasto total de 355.000 millones. Por tanto, el peso que tienen las funciones esenciales del Estado es muy pequeño en comparación con otras rúbricas. Así, «el grueso del gasto está ligado a pensiones, transferencias sociales y servicios como la educación y la sanidad pública».
Pronunciándose sobre la salud de las cuentas públicas, el ahora asesor de EY y Llorente & Cuenca criticó que «los actuales niveles de gasto son, en parte, artificiales, porque se están financiando con un déficit estructural del 2% del PIB. Esto supone incumplir un criterio esencial: el de la suficiencia económica. Además, el resultado de este desequilibrio es el crecimiento de la deuda, que bajó fuertemente en los años de Aznar pero subió significativamente con esta crisis».
Además, Escolano advirtió que «el gasto en pensiones se está cubriendo con un volumen creciente de ingresos fiscales, de modo que las prestaciones por jubilación no se financian solo con las cotizaciones, sino que suponen cada vez más esfuerzo para los contribuyentes, mientras que la inversión pública se reduce de forma significativa. A largo plazo, esa dinámica es insostenible».
En clave reformista, el ponente destacó que la carga tributaria española «está demasiado concentrada en el factor trabajo». En este sentido, defendió su «desplazamiento hacia otros hechos imponibles», con ánimo de aliviar el bolsillo de unas clases medias que se están «estrechando» como consecuencia de la crisis.