El Ayuntamiento de Barcelona ha expropiado por primera vez un piso durante 10 años para incorporarlo al parque municipal de vivienda, que engloba el 1,5% de la ciudad, lejos del objetivo del 15% con el que saldar dificultades para facilitar alojamiento a quienes lo tienen concedido por riesgo de quedarse sin techo. El Consistorio reveló que el dueño del inmueble situado en el barrio del Besòs es el BBVA y se ampara en un artículo de la ley 4/2016 de la Generalitat de protección del derecho a la vivienda, que permite la confiscación temporal del uso de pisos vacíos u ocupados irregularmente, una de las previsiones contra las que el gobierno del PP recurrió y a las que Tribunal Constitucional levantó la suspensión en marzo de 2018.
El Ayuntamiento ha sufragado unos 10.000 euros por la incautación. Al desposeerse solo la ocupación y no el bien, el importe es inferior al valor de mercado del domicilio.
Técnicos del Instituto de Vivienda de Barcelona explicaron que se había comprobado que el domicilio llevaba dos años deshabitado, motivo de sanción según la ley catalana de vivienda de 2007. Por el contrario, el BBVA lo negó y añadió que ahora reside una familia vulnerable, informa Efe. La entidad ha apelado contra la decisión; responsables del Instituto de Vivienda afirmaron que el recurso no ha impedido que el Ayuntamiento se haya hecho con el piso.
La requisa temporal de domicilios de bancos, sus filiales y fondos de inversión fue uno de los supuestos que la Generalitat incorporó a la norma con la que intentó esquivar la interrupción de la ley 24/2015, promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otras entidades, frenada por otro recurso del ejecutivo de Mariano Rajoy ante el TC hasta que el gobierno del PSOE desistió en febrero. No obstante, la medida ha tenido poco predicamento.
Para practicar las confiscaciones, los ayuntamientos debían firmar un compromiso con la Agència de l’Habitatge para acceder a financiación de la Generalitat y repartirse el gasto. La ley autorizaba que pudieran adherirse 234 municipios con una cifra alta de viviendas desiertas, solicitantes de pisos públicos o familias socorridas por no abonar los costes del hogar. Acabado el veto, la Agència de l’Habitatge avisó en abril de 2018 a las 52 localidades con más demanda de pisos de emergencia, por si querían sellar los convenios. Al agotarse el plazo, solo seis ayuntamientos se habían interesado por la vía expropiatoria: Barcelona, Lleida, Figueres, Calella, Montornès del Vallès y Sant Vicenç dels Horts.
Barcelona tiene en curso requisar el uso de otras siete pisos de BBVA, Caixabank, Sareb y Bankia. Por otro lado, Lucía Martín (nueva concejal de Vivienda con la alcaldesa Ada Colau) anunció que se ha abierto el proceso para multar con hasta 90.000 euros a otro gran propietario por no ofrecer un alquiler social a una familia que perdió la casa. Martín aseguró que es la primera vez que se castiga el incumplimiento de un precepto de la ley antidesahucios de 2015 y se estudian otros 300 casos susceptibles de mediar un arrendamiento a bajo precio.
Fuente: https://www.elmundo.es/cataluna/2019/06/21/5d0cb9b221efa07e0d8b469c.html