Abusan de la «cuenta 555», que está diseñada para utilizarse sólo de forma excepcional
El Tribunal de Cuentas ha detectado que sólo un 3,8% del gasto que hicieron los Ayuntamientos en el año 2016 de la «cuenta 555» (un fondo que les permite retirar dinero sin que se sepa en el momento del pago a qué fin se destina, y que debe ser empleada «de forma excepcional y con carácter transitorio») cumplía con el uso de este instrumento que «está previsto en la normativa».
«La cuenta 555 permite que puedan ser registradas contablemente aquellas salidas de fondos de las entidades públicas de la que, en el momento del pago, no se conoce su origen (y no se pueden identificar con un gasto concreto), debiendo ser empleada de forma excepcional y con carácter transitorio», explica el Tribunal en un informe publicado este viernes.
De los 5.806 ayuntamientos que hay en España (sin contar los del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra), un 65,3%(3.794 ayuntamientos) utilizaron la cuenta 555 en el año 2016, a pesar de que sólo se debe recurrir a ella de forma excepcional, y en total sacaron760 millones de euros, según la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales a la que se refiere el propio Tribunal.
Este organismo ha analizado en profundidad una muestra de 20 de esos ayuntamientos que acumulan un gasto de 192 millones de euros.
Pueden ser constitutivos de responsabilidad contable y de infracción muy grave en materia de gestión económica-presupuestaria»
Sólo un 3,8% de esa cantidad (7,3 millones de euros) fueron gastos que se habían contabilizado y que fueron imputados al presupuesto en el momento del pago o antes de que se llevara a cabo, es decir, se le dio el uso previsto en la norma.
Un 96% del dinero se saca sin cumplir la norma
Los ayuntamientos no cumplieron con la normativa al disponer del 96% restante, aunque no siempre con la misma gravedad. Al sacar un 14,3% de los fondos (27,5 millones) el problema estuvo en que los gastos se imputaron al presupuesto con posterioridad al pago -en un 16% de los casos con más de dos años de demora-.
«Los ayuntamientos de Orihuela (Alicante) y Estepona(Málaga) presentaban unos importes muy elevados que fueron objeto de aplicación transcurridos más de dos años«, ilustran.
Alertan de que «la realización de los pagos pendientes (…) con posterioridad implica el incumplimiento del procedimiento de ejecución presupuestaria, legalmente establecido, y en la medida que supongan la realización de gastos sin consignación presupuestaria, pueden ser constitutivos de responsabilidad contable y de infracción muy grave en materia de gestión económica-presupuestaria».
En un 13,4% de los fondos utilizados (25,7 millones) los Ayuntamientos nunca llegaron a imputar ese gasto al presupuesto aunque sí lo contabilizaron, como las casas consistoriales de Parla (Madrid), Andújar (Jaén) o Estepona (Málaga) y explica que el motivo principal fue la falta de crédito.
Casos sin justificar
La situación más grave se produjo en el 54% restante (104,06 millones de euros), en cuya disposición «los gastos ni siquiera se llegaron a contabilizar«, lo que «constituye un incumplimiento del procedimiento administrativo, en la medida en la que el pago ha sido realizado antes de registrarse el gasto». El Tribunal de Cuentas advierte de que esta práctica se produce en todos los Ayuntamientos analizados, lo que «puede afectar, en general, a la imagen fiel de sus cuentas».
En la mayor parte de los casos se debió a la falta de presupuesto, apuntan, aunque hay casos como el ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz) o el de Rubí (Barcelona) en los que se sacaron 109.654 euros y 89.456 euros en 2016, respectivamente, sin justificación cuando sí había crédito suficiente en el presupuesto.
«El ayuntamiento de Petra (Mallorca) pagó en 2005 un importe global de 755.333,54 euros correspondientes a unas obras en una escuela infantil cuyas certificaciones de obra fueron emitidas por la Consellería de Educación y Cultura del Gobierno Laboral, desconociéndose la participación que corresponde al ayuntamientos y que fueron abonadas íntegramente mediante cheques al portador, práctica que se considera no debe emplearse (…) por el riesgo que supone para el control del uso de los fondos públicos», cuentan.
El Tribunal de Cuentas también ha detectado casos en los que los propios ayuntamientos desconocen el origen de algunos gastos (por valor de 27,7 millones), porque en la mayoría de ellos los desembolsos se realizaronantes de 2013 y «las entidades locales han manifestado que no disponen de justificación de los mismos», explica.
También se dan situaciones en las que los ayuntamientos utilizaron esta cuenta para cuadrar balances de años anteriores, «lo que implica la ausencia de control sobre la utilización de los fondos de tesorería, que implican una falta de justificación del empleo adecuado de los recursos públicos».