Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno el pasado 1 de junio. Llegó a La Moncloa con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ya aprobados y convocó elecciones precisamente por no ser capaz de sacar unos nuevos para 2019. Su medida estrella en materia económica ha sido la subida de golpe de un 22,3% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y una de sus banderas ha sido la guerra emprendida contra los coches diésel. El resultado de esa gestión es claro: hoy se venden menos coches en España que cuando el PP salió del poder y los costes laborales de las empresas han aumentado -fruto de esa medida y otros factores-.
En el caso de la guerra del diésel, ésta se ha iniciado en un momento difícil para el sector del automóvil. Justo cuando la industria afrontaba un cambio de ciclo global, en España ha visto cómo su situación empeoraba por los mensajes difusos que se lanzaban desde el Ejecutivo sobre el futuro de los coches de combustión. El resultado: en marzo -último mes de Pedro Sánchez como presidente sobre el que hay datos concretos de Anfac- se vendieron en España 12.858 turismos menos de los que se vendieron en mayo de 2018, último mes de Mariano Rajoy en La Moncloa.
Caen las ventas de particulares
El segmento de ventas más dañado ha sido el de los particulares. Mientras que hace poco menos de un año los concesionarios aumentaban las ventas a las familias a un ritmo del 12,3% -con 61.362 matriculaciones-, en marzo de 2019, esos datos registraban ya una caída del 5,8% interanual, hasta las 51.983 unidades. El sector acumula siete meses de caídas y entre medias, ha visto cómo los vehículos propulsados por combustión han sido prohibidos en Baleares con una normativa que entrará paulatinamente en vigor de aquí a 2035.
La industria del automóvil afronta esta caída de ventas mientras, al igual que el resto de sectores de la economía, afronta una subida de los costes de producción. Desde el mes de enero, las empresas tienen que pagar más cotizaciones y el salario mínimo se ha disparado hasta 900 euros mensuales. Una situación que destruirá 125.000 empleos -la mayoría entre los colectivos más vulnerables-, según el Banco de España.
Los costes laborales en España también se han disparado en este periodo. Según los últimos datos trimestrales del INE, el coste laboral de las empresas alcanza ya los 2.692,52 euros por trabajador y mes. Se trata de un 0,9% más que un año antes y un 7% más que en el último dato trimestral (marzo del pasado año) bajo el mandato de Rajoy. En ese momento, ese coste era de 2.497,91 euros, con lo que en menos de un año se ha elevado en más de 194 euros al mes por cada empleado.
Menos productividad
En este contexto, España ha empezado a destruir productividad en 2018 por primera vez desde 1995 (cuando arranca la serie histórica), según los datos del INE. En concreto, la productividad de los trabajadores por hora trabajada descendió el pasado año un 0,25%, frente al 1,1% que aumentó en 2017.
La lucha contra la temporalidad es un factor clave para mejorar los datos de productividad. Sin embargo, la contratación indefinida caía ya en marzo a ritmos del 7%, según los datos del Ministerio de Empleo.
Pese a que el PSOE hacía gala en su programa económico anterior de querer impulsar un cambio de modelo productivo, sus medidas en este sentido durante los meses en los que ha estado en el poder han sido casi inexistentes. En lo que sí se ha centrado es en otras medidas de aumento de gasto y amenazas a la banca, a las empresas tecnológicas con nuevos tributos especiales para ellos, así como al resto del tejido empresarial con más costes por el aumento de las cotizaciones, el SMI o la amenaza de nuevos tributos.