La nueva ley del alquiler acelerará la subida de precios prevista para los próximos años. Así lo estima Javier Rodríguez-Heredia, socio responsable del área residencial de Azora, una de las grandes propietarias de vivienda en alquiler en España. «Con la nueva normativa se va a producir una contracción de la oferta y también se va a expulsar a las capas más bajas del mercado», apuntó el directivo durante su intervención en una jornada inmobiliaria organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, en la que destacó que «la subida del entorno del 25-30% que teníamos prevista para los próximos cinco años la podremos ver ahora en tres años. Al final el mercado se autorregula y no es que vaya a subir más, es que subirá más rápido».
El directivo advirtió además de que la nueva normativa está afectando a «la entrada de capital institucional». «Estamos mandando el mensaje a los inversores de que en España no nos interesa el dinero institucional. Esto genera cierta retracción, se va a dificultar la venta de carteras y el impacto ya se está notando en la entrada de nuevo capital, si bien, esperamos que sea algo coyuntural», explicó Rodríguez- Heredia.
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El experto se refiere a determinados puntos del nuevo Real Decreto Ley del alquiler, que establece que las rentas no podrán subir por encima del IPC en su revisión anual, al tiempo que amplía la prórroga obligatoria de tres a cinco años en la duración de los contratos y a siete años si el propietario es una empresa.
Estas medidas alejan a un inversor institucional, que según los expertos es totalmente necesario para generar nueva oferta en el mercado, ya que «hacen falta en torno a 250.000 millones de euros en los próximos años para equiparar la oferta de alquiler pública y privada a la demanda actual», señaló Rodríguez-Heredia, que destacó que este tipo de capital está obteniendo ahora unos retornos por debajo del 2% y quieren ir al 3,5%. «No se trata de una rentabilidad exagerada», apuntó.
El directivo de Azora señaló que el principal reto que tenemos para generar oferta es la materia prima. «No hay suelo disponible donde se encuentra la demanda. No es normal que los desarrollos tarden 20 años, hasta que puedas solicitar una licencia. Los bloqueos no son buenos».
En este sentido, Wolfgand Beck, consejero delegado de Testa, la mayor socimi de alquiler residencial de España con unas 10.700 viviendas, apuntó que en nuestro país se necesitan cada año «120.000 viviendas nuevas y de éstas 80.000 deberían ser para el alquiler y el Estado no puede asumir ese volumen». Sin embargo, «si se regula la renta y la rentabilidad se liga al IPC no sé como los institucionales y los fondos de pensiones van a venir a España a construir viviendas».
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De hecho, Beck señaló que «Testa no ha hecho ninguna transacción de llave en mano para vivienda de obra nueva destinada al alquiler y después del RDL no sé si lo vamos a hacer. Quizás encontremos algún proyecto atractivo, pero de momento nos los estamos pensando. Hubiera sido inteligente excluir la obra nueva destinada al alquiler de las medidas de la nueva ley».
El CEO de Testa puso el ejemplo de Alemania para hablar del fracaso del control de precios. «En 2015 aprobaron una ley que decía que los nuevos alquileres en mercados tensionados solo pueden firmarse un 10% por encima del índice local. Han pasado tres años y el crecimiento de las rentas se ha doblado y todos los partidos políticos están de acuerdo en que ha sido un fracaso, que ha pasado por no solucionar el problema de la oferta», indicó.